El coste del recargo de prestaciones es uno de los gastos menos previsibles para una empresa. Cuando un trabajador sufre un accidente grave y se reconoce una incapacidad permanente o un fallecimiento, la Seguridad Social paga la prestación. Pero si el accidente se debe a una falta de medidas de seguridad, la empresa puede tener que pagar además un recargo del 30% al 50% sobre esa prestación. Y ese recargo no lo cubre ningún seguro.
Para una gran empresa de construcción, energía o infraestructuras, con miles de trabajadores y muchas obras a la vez, es una partida que conviene tener cuantificada.
En esta guía verás qué dice la ley, cómo se calcula el importe con un ejemplo numérico, por qué las grandes empresas y las contratas están más expuestas y qué medidas ayudan a reducir el riesgo. Todo ello explicado de forma práctica para responsables de prevención, asesorías jurídicas y departamentos financieros.
Qué es el recargo y por qué lo paga la empresa
El artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social establece que las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional aumentan entre un 30% y un 50% cuando la lesión se produce por falta de medidas de prevención. Por ejemplo, equipos sin protecciones, instalaciones sin las medidas de seguridad exigibles o incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
La ley es clara en tres puntos:
- La responsabilidad recae directamente en la empresa infractora.
- No puede asegurarse, compensarse ni transmitirse: todo pacto en ese sentido es nulo.
- Es independiente de las sanciones administrativas, la responsabilidad penal y la indemnización civil. Ver si el recargo es compatible con sanciones, penal e indemnización.
Cómo se calcula el coste
El recargo se aplica sobre la prestación y, como la pensión es vitalicia, el recargo también lo es. Es decir, no es un pago puntual: se mantiene mientras se cobre la pensión.
Ejemplo ilustrativo (cifras inventadas para explicar el cálculo):
- Pensión por incapacidad permanente absoluta: 2.000 € al mes, 14 pagas = 28.000 € al año.
- Recargo del 40%: 28.000 € × 40% = 11.200 € al año.
- Mantenido durante 20 años, sin contar revalorizaciones: 224.000 €.
Si el porcentaje fuera del 50% y la pensión mayor, la cifra crece en consecuencia. Y esto, por un solo accidente. En una empresa con varios accidentes graves al año, el impacto se multiplica.
Por qué es especialmente relevante en grandes empresas
- Volumen de exposición: muchas obras, plantas e instalaciones simultáneas aumentan la probabilidad de un accidente grave.
- Subcontratación: la empresa principal puede responder junto a sus contratas. Ver quién responde en contratas y subcontratas.
- Previsión económica: como es un coste que puede aparecer años después del accidente, conviene tener una estimación para provisionarlo y no que sorprenda al cierre de un ejercicio.
Cómo reducir el riesgo
- Documentar la evaluación de riesgos y la formación e información al trabajador.
- Verificar que los equipos y protecciones están en regla y que se revisan.
- Coordinar la actividad empresarial con las contratas y dejar constancia por escrito.
- Revisar cada caso con asesoría jurídica y valorar si procede recurrir el recargo.
Estima el impacto de cada caso
Para calcular rápidamente cuánto supondría el recargo en un caso concreto y obtener un informe en PDF, puedes usar la calculadora de recargo360. Es una estimación orientativa, no sustituye el asesoramiento profesional.
Preguntas frecuentes
¿Puede asegurar la empresa el recargo de prestaciones?
No. El artículo 164 LGSS prohíbe asegurarlo, compensarlo o transmitirlo, y declara nulo cualquier pacto para ello.
¿El recargo es un pago único?
No. Se aplica sobre la prestación y se mantiene mientras se cobre la pensión, por lo que puede prolongarse durante muchos años.
¿Responde la empresa principal si el accidente ocurre en una contrata?
Puede hacerlo según las circunstancias del caso, especialmente si hay incumplimientos en materia de prevención y coordinación de actividades. Conviene analizar cada situación con asesoría jurídica.